Expresar afecto en público no es un crimen, ni debe ser un privilegio heterosexual. Hablo de privilegio, porque las personas heterosexuales pueden elegir o no expresar afecto (abrazos, besos, sentarse en la pierna o tomarse de la mano) a sus parejas sin enfrentar abusos policiales, detenciones arbitrarias, violencia física o verbal de quienes les rodean.
A pesar qué la ley de la Policía Nacional es clara, respecto a que sus agentes deben respetar los derechos humanos de las personas sin discriminación, incluida la orientación sexual, la discrecionalidad de interpretar las leyes en perjuicio de las personas LGBTIQ+ se impone regularmente, cometiendo así una violación a la libertad personal, dignidad humana e igualdad consagrada en nuestra constitución.
No es de extrañar que, por estas situaciones, la mayoría de las personas LGBTIQ+ se vean obligadas (lo que es violencia) a solo expresar su amor en lugares privados seguros, y nunca de manera pública, cómo cualquier pareja heterosexual.
Esta violencia sucede en todo el continente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre violencia a personas LGBTI de 2015, expuso diferentes actos de violencia contra personas LGBTI que se mostraron afecto en lugares públicos, e identifica a la policía nacional cómo la principal institución perpetradora de dicha violencia.
En la República Dominicana se han dado a conocer dos casos recientes de abusos policiales a parejas del mismo género, uno ocurrido el 27 de octubre de 2020 y el más reciente el 1 de junio de 2021.
La CIDH urge a los Estados (incluida la República Dominicana) a emitir directrices específicas para todos los agentes de seguridad del Estado, a través de las cuales se reafirme que la violencia, el abuso y la discriminación basados en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, serán sancionados.
Hay que trabajar para que nuestra Policía Nacional cumpla su rol de proteger y respetar los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas LGBTIQ+, esto podemos iniciarlo a través de educación en diversidad para prevenir violaciones, formulación de políticas internas, fiscalización y sanción a quienes cometan abusos, así como establecer mecanismos de acceso a la justicia eficaces que garanticen que las denuncias sean atendidas y se den respuestas diligentes.
Arte: @sebassantafe